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El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad calcula que la aplicación de los criterios comunes acordados con las comunidades autónomas para acceder a los tratamientos de reproducción humana asistida puede suponer un ahorro estimado de unos 53,7 millones de euros.

Así se desprende del proyecto de orden ministerial que concreta y actualiza la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud (SNS) que el departamento de Ana Mato ha colgado en su página web, que desarrolla los acuerdos adoptados por las comunidades autónomas en el último Consejo Interterritorial para unificar el acceso a las diferentes técnicas que ofrece actualmente la sanidad pública.

En dicha reunión, Sanidad y las comunidades acordaron que los tratamientos de reproducción humana asistida incluidos en la cartera común básica de servicios se realizarían con fin terapéutico o preventivo y en determinadas situaciones especiales.

El grueso del ahorro corresponde a la Fecundación in Vitro (FIV), tratamiento para el que se prevé un límite máximo de edad de la mujer de 40 años.

El coste de este tratamiento varía en función de si se realiza a través de la forma clásica (unos 739 euros el ciclo) o mediante técnicas de micromanipulación para la inyección intracitoplasmáica de gametos (unos 3.897 euros), a los que hay que sumar los 1.200 euros que cuesta la medicación.

De este modo, y teniendo en cuenta que de los 40.252 ciclos llevados a cabo en 2010 el 14% de los realizados para la obtención de gametos propios y el 61,2% de los destinados a la recepción de ovocitos de donante eran para mujeres con más de 40 años, se dejarían de financiar más de 9.300 ciclos, por lo que el ahorro ascendería a 47,1 millones de euros.

A este ahorro hay que sumar los 2,5 millones de euros que se dejarían de pagar al limitar la inseminación artificial a mujeres menores de 38 años.

En este proyecto de orden ministerial también se calcula el ahorro que se conseguirá al unificar en todas las comunidades los criterios de aplicación del diagnóstico genético preimplantacional (3,9 millones) y el lavado de semen (240.617 euros).